Telemadrid dice que readmitirá a 60 trabajadores y trabajadoras

El conflicto en Telemadrid continúa abierto. Mientras se tramita la nueva ley que regula al Ente público Radio Televisión de Madrid, el presidente ha dimitido y se han aprobado los nuevos presupuestos del Ente. Toda una errática situación que se aderecza con la ausencia de la renovación de su Consejo de Administración que ya lleva ya 6 meses.

Todo se mueve, pero a un paso perfecto para que no sea antes de las elecciones del 20 de diciembre y que los cambios en el ente público sean controlados en exclusiva por un Gobierno regional en minoría parlamentaria. Lo mismo ocurre con la redmisión de la plantilla. En la noticia sobre los nuevos presupuestos se informa de la vuelta de 60 personas de la plantilla afectada por el ERE.

En la propia web de la cadena pública se dice que “La plantilla prevista asciende a 360 empleados, que corresponde a 300 puestos previstos para el actual modelo de televisión y 60 reincorporaciones adicionales por sentencia judicial, de personal afectado por el ERE, representantes sindicales principalmente, que a diferencia del resto de los trabajadores tienen opción de elegir entre cobrar la indemnización o solicitar la reincorporación a su puesto.” Esta información, manipulada, por el momento hay 20 trabajadores y trabajadoras con sentencias de nulidad por despedirlas improcedentemente mientras estan en situación de maternidad, reducción de jornada etc y 27 por vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical. En estos casos no existe “opción de elegir entre cobrar la indemnización o solicitar la reincorporación“, las sentencias son nulas y Telemadrid está obligada a readmitir.La manipulación y la desinforación tiene las patas muy cortas, pero desgraciadamente las manos muy largas.

A esta plantilla de 300/360 hay que sumarle las plantillas de las empresas y productoras que participan del proceso productivo de Telemadrid, algunas con oficinas dentro de la cadena y que superan con mucho 300 trabajadores y trabajadoras más (TBS, Boomerang, Cuarzo…). Es importante conocer que el número de empleados y empleadas era de 1100, y después de despedir a 829, entre plantilla propia y externa ahora hay entre 660 y 700.

El presidente del Comité de Empresa del EPRTM compareció en la Asamblea de Madrid, puntualizando y matizando esta y otras informaciones, una comparecencia historica.

Esta informacion de las 60 readmisiones, no es otra cosa que la obligación que tiene Telemadrid a cumplir las sentencias. A principios de octubre el TSJ de Madrid confirmó la readmisión de una trabajadora, y recientemente el TSJ de Madrid ha estimado otro recurso frente a un auto del juzgado de lo social nº 36 que extinguía la relación laboral, ordenando por tanto la readmisión de la trabajadora.

A pesar de estar presupuestado 60 personas más en la plantilla derivados del ERE y de tener dos sentencias del TSJ, los incidentes de no readmisión, continua celebrándose. Telemadrid cuenta con dinero, y no tiene problema en pagar los salarios de los trabajadores a los que los juzgados les da la razón para que vuelvan a su trabajo. No teniendo “problemas de dinero”, recurre todo para alargar los procesos y de esta forma ha logrado que de las 150 personas de la plantilla con posibilidad de volver a Telemadrid, la cifra se reduce a 60.

Telemadrid continúa acudiendo a los tribunales diciendo que no es posible readmitir a los trabajadores con sentencias de nulidad “porque el Supremo obliga a que sea en el mismo puesto de trabajo“. No solo no es cierto, sino que existen unas cuantas toneladas de sentencia que dicen lo contrario (STSJ de Madrid en sentencia de fecha 1-12-2009, nº 1018/2009, rec. 4373/2009, TSJ de Canarias en sentencia de 31-07-09 sede Santa Cruz-, STSJ Baleares de 5-7-06 R.3274,  TSJ de Castilla y León en sentencia de 10/9/14…).

El TSJ de Madrid indica a Telemadrid lo siguiente,

“Quinto.- La Sala comparte el criterio del auto recurrido de que no concurren los presupuestos legales para extinguir el contrato de trabajo de la actora, debiéndose así el fallo de la sentencia que declaró nulo el despido cumplir en sus propios términos. el derecho a la ejecución de sentencias forma parte del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 CE (por todas SSTC 86/2006, de 27 de Marzo y 22/2009 de 26 de enero). Si así no fuera, las decisiones judiciales y los derechos que en ellas se reconocen no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna (STC 167/1987). Por lo tanto, el proceso de ejecución se enraíza en el propio modelo de Estado de Derecho, de manera que sin un adecuado sistema de ejecución de sentencias -y demás titulos de justicia ejecutiva-, el derecho <<no pasaría de ser una entidad ilusoria>> pura quimera -SSTCO 61/1992 y 73/2000-.

No solamente es que no estamos ante un cese o cierre de la empresa en su actividad, pues como acabamos de ver continúa actualmente su producción a pleno rendimiento, sino que tampoco existe imposibilidad legal o material que impida a la trabajadora ser readmitida. Por de pronto , la demandada tal como reseña el auto de 2-2-2015 con valor fáctico, sin que se haya pedido su revisión no ha convocado ni al Comité de Empresa ni a la Comisión Paritaria para intentar reubicar a la trabajadora cumpliendo a tal efecto las previsiones del Convenio Colectivo. En este orden de ideas es oportuno destacar como atinadamente afirma la trabajadora en su escrito de impugnación, la empresa tiene a su disposición el mecanísmo de la movilidad funcional recogido en el artículo 9 del Conveno pudiéndo haberla destinado a realizar funciones en otro área respetándo su titulación académica o profesional, por necesidades técnicas, operativas o de racionalización de los procesos productivos, lo que no ha hecho, por lo que mal cabe aducir imposibilidad legal o material. Y, a mayor abundamiento, la externalización del departamento en que prestaba servicios la actora no es argumento suficiente que impida la readmisión, porque el despido colectivo del que trae causa el despido objetivo de la demandante lo fue por causas económicas y no organizativas, haciendose valer estas últimas por primera vez en ejecución, y de accederse a la solicitud de extinción ello sería tanto como impedir ejecutar la sentencia y los efectos de la cosa juzgada, teniendo en cuenta la actora estaba en reducción de jornada por cuidado de hijo”

 Telemadrid ha olvidado que forman parte la administración pública y del sector público empresarial. Siendo así, también están obligados por el artículo 9.2 de la constitución: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social“.

Esta entrada fue publicada en laboral y etiquetada , , . Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *