APDHA lanza la campaña ‘No a la Perpetua’ para detener la prisión permanente revisable

logo-perpetua1-300x300Los compañeros y compañeras de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han iniciado una campaña de las imprescindibles con el titulo ‘No a la Perpetua’ con objetivo eliminar la prisión permanente revisableque fue introducida en la reforma del Código Penal.

Los compañeros y las compañeras denuncian que la prisión permanente revisable no es más que un eufemismo ilegal que atenta contra los derechos humanos Constitución Española que prohíbe penas inhumanas y degradantes y “dilapida el principio de reinserción social que ha de tener cualquier condena”.

Nosotros y nosotras, no podemos dejar de apoyarlo.

Toda información sobre la campaña en: apdha.org/no-a-la-perpetua/

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“La modernización tecnológica no se consigue poniendo una fecha mediante ley, estableciendo la fecha en la que mágicamente seremos modernos”

La Comisión de Justicia del Parlamento ha decido no aprobar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, referente a la moratoria en el uso exclusivo de lexnet según se informe en el portal confilegal.com

Más allá de la decisión en si misma y de la rara postura del PSOE que aunque dicen que son “conscientes” de las deficiencias de LexNet debido a la falta de medios y de formación, y que “se está imprimiendo más papel que nunca en las oficinas judiciales”, manifiestan que se debe apostar por resolver los problemas en lugar de suspenderlo, nos ha parecido sumamente interesante la intervención de David Bravo sobre la PNL de Ciudadanos

“La modernización tecnológica no se consigue poniendo una fecha mediante ley, estableciendo la fecha en la que mágicamente seremos modernos”

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Y las cámaras vuelven

IMG-20160324-WA0015Decía Snowden en la entrevista para eldiario.es queno hay duda de que algunas investigaciones electrónicas, aprobadas individualmente por un juez e interceptando las comunicaciones concretas de sospechosos criminales, pueden ser efectivas y necesarias. Pero no deberíamos olvidar las lecciones de la historia: la vigilancia no tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el poder“.

La “casualidad” ha querido que coincidan en el tiempo con la noticia de que la Policía Municipal ha recibido el permiso de la Delegación del Gobierno para poner en marcha y comenzar a grabar las calles de la zona azca y orense con 55 camaras. Estas se unen a las otras 219 camaras de videovigilancia del ayuntamiento y a las más de 11.500 que existen en Madrid sumando todo tipo de instituciones -hasta autobuses- que graban permanentemente los movimientos de todas las personas.

En la noticia de El Pais, insertado en el final de la noticia se dice que “Desde que comenzó el año, la Policía Municipal ha recibido 70 requerimientos de imágenes. Muchas veces la policía o los jueces se las piden para evitar fraudes a las aseguradoras. Si un ciudadano denuncia un atraco para cobrar la indemnización, es posible comprobar si este se produjo. En caso negativo, le puede salir caro al denunciante. Será acusado de un delito de denuncia falsa.” Lo que se vende para “nuestra seguridad” al final acaba siendo un gran hermano cuyo uso es ver si defraudamos a los seguros.

Así son las cosas, quienes más defraudan están en los grandes despachos de la misma zona de Azca, pero sin embargo, las camaras de la policía graban la calle, donde está el ciudadanos y la ciudadana para evitar que se defraude a los seguros.

En la web de tetuancombativo.org, distrito donde está la zona de azca y la calle orense, denunciaban que desde los hechos del 5 de marzo “el barrio es un estado policial, tomado por patrullas y policía“. Uno podría pensar que la policía busca criminales pero finalmente lo que hacen es parar “cualquier persona de origen latino” considerandola como “delincuente en potencia“. Estas redadas racistas además están siendo a la vez grabadas por un programa de cadena La Sexta un show mediático que identifica a un modelo de delincuente que refuerza el imaginario de delincuente prototipico, siempre identificado por su pertenencia a las clases populares y significado por ser extranjero. El problema es que en nuestro país los mayores delincuentes llevan traje y corbata y delinquen desde sus despachos, lo que pasa es que para ellos no hay camaras, ni programas.

De lo que se trata de poder y de control social. Cualquier parecido con otra cosa no es más que casualidad

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Cálculo de la indemnización y efecto llamada

despido

Según leemos en la noticia del diario “Expansión” el Tribunal Supremos “abarata el despido y corrige su criterio en línea con la reforma laboral”, interesante titular que lo que viene a decir a es que el citado Tribunal se ha autocorregido y ha elaborado otra jurisprudencia diferente a la de su sentencia de 29 de septiembre de 2014.

La discordia se encuentra en la formula del cónputo de los días de indemnización de 45 días de salario por año de servicio, con un tope de 42 meses para los contratos con periodos anteriories al 12 de febrero de 2012 y de 33 días de salario por año de servicio después de esta fecha.

La citada sentencia de 29/09/2014 decía que

En el ámbito de la censura jurídica, denuncian las recurrentes la infracción de la Disposición Transitoria 5ª.2 del Real Decreto ley 3/2012 de 10 de febrero al haber aplicado la sentencia recurrida en el cálculo de las indemnizaciones de ambas demandantes el límite de 720 días en el cálculo de la indemnización, sin diferenciar la extensión de los periodos trabajadoras antes y después de la reforma operada en virtud del citado Real Decreto Ley.

Ciertamente, tal como adelantábamos al examinar la contradicción, la sentencia en su fundamento de Derecho tercero reproduce con acierto los términos de la reforma normativa, para después establecer en ambos casos un límite indemnizatorio de 720 días.

Partiendo de los límites temporales no discutidos en cuanto a fecha inicial de antigüedad y la del despido, los parámetros a tener en cuenta para Dª Camino son los siguientes: 18 de marzo de 1980 y 18 de octubre de 2012, la antigüedad alcanzada el 11 de febrero de 2012 es de 31 años y once meses, lo que arroja una cifra de 1436 días significando tanto la superación del límite de 720 días antes de la entrada en vigor del R.D.L. 3/2012 de 10 de febrero, lo que le permite acceder al límite de 42 mensualidades, como inclusive estesegundo límite aun sin computar el breve tiempo transcurrido desde el 12-2-2012 hasta la fecha del despido, 18-10-2012. En definitiva y sentadas las bases jurídicas de cálculo, respetando las operaciones aritméticas efectuadas en el recurso, la indemnización a satisfacer asciende a 58.035 euros, descontando lo que hubiera percibido de la demandada”

Así esta sentencia rompía con los calculos que se trataban de imponer tras la reforma laboral de 2012 y que para el diario Expansión “Este fallo ha causado preocupación en las empresas, y los jueces ya están aplicándolo“, contrastan que no se indiquen que la sentencia genera ilusión en plantillas y trabajadores y trabajadoras, pues la reforma laboral supuso para las mismas una cercenación de sus derechos y expectativas que tenían antes de la reforma. Para el diario, no solo la senteica del septiembre de 2014 generó preocupación, sino que además generó “mucha litigiosidad ante el efecto llamada que supone para los trabajadores despedidos con antigüedad superior a la entrada en vigor de la reforma laboral. ” Ya sabemos, existen ahora dos efectos llamadas, la de los migrantes que vienen a Europa por las gloriosas condiciones que vivimos aquí y el efecto llamada de los trabajadores por sus despidos y la cuantía indemnizatoria.

El diario económico considera “efecto llamada” a demandar tras un despido. En esta misma semana hemos visto como “la CEOE sugiere a los jueces que dicten menos sentencias favorables al trabajador” y así las cosas es que tenemos que rearmarnos porque vienen curvas peligrosas, porque entre el efecto llamada, y la CEOE pidiendo sentencias favorables, terminaremos por tener que pagar por haber sido despidos o despedidas.

Ahora, según el diario Expansión dos sentencias de Antonio Sempere, aclaran, que cuando un trabajador haya superado los 720 días de tope de la reforma el 12 de febrero de 2012, ya no podrá generar más indemnización a partir de esa fecha. Ya podrán dormir más tranquilos por el fin del efecto llamada

 

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en el 8 de Marzo

trabajadorestelemadrid

Ha sido notificada el 8 de Marzo, aunque la fecha en la que la dictaron fue el 25 de febrero. La Sección 4ª del TSJM desestima el recurso de suplicación de Telemadrid frente el Juzgado de lo Social nº2 que obligaba a la cadena pública a readmitir a una mujer trabajadora despedida por ERE que tenía una reducción de jornada para la conciliación de la vida personal y laboral y que tiene una sentencia que califica la amortización de su puesto de trabajo como nulo.

Justo un 8 de Marzo, el día de la mujer trabajadora el TSJM dice que no cabe la “imposibilidad de readmisión” de la trabajadora del artículo 286 de la LRJS. Ya son 4 las sentencias que de forma directa obliga a Telemadrid a readmitir a trabajadores y trabajadoras con sentencia de nulidad toda vez que está abierta y funcionando a pleno rendimiento.

Telemadrid continúa su periplo judicial diciendo que al haber externalizado sus servicios no puede readmitir a los trabajadores y las trabajadoras con sentencia de nulidad. Confirmando la resolución de instancia, la sección nº 4 dice que “no concurre la imposibilidad material para llevarla a efecto, destacando que la decisión de subcontratar o externalizar servicios de realización de programas, entre otros, es adoptada por la propia demandada, quien puede igualmente mantener la gestión directa a fin de llevar a efectos en sus propios términos la ejecución“. Añaden en la sala 4ª que “lo que desde luego debemos descartar es que una voluntad deliberadamente rebelde del empresario en readmitir al trabajador habilite a este último a poner fin a la relación laboral sustituyéndola por las indemnizaciones y salarios dejados de percibir.

Y es que la única razón por la que telemadrid dice que no readmite a la plantilla con sentencia de nulidad es que por su propia voluntad a externalizado los servicios. Pretende así sustituir las declaraciones de nulidad de los juzgados por indemnizaciones, elemento este vedado por el TSJM a pesar de la contumaz rebeldía y oposición de Telemadrid. Lo único que le queda a la cadena publica es readmitir a la plantilla.

La casualidad ha querido que las tres magistradas de la sección 4ª notificasen a la trabajadora el 8 de marzo que tiene razón, Telemadrid la tiene que readmitir.

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El derecho al trabajo no tendrá centralidad en los acuerdos de Gobierno

EP090125TrabajoEnCapital

imagen aparecida en el artículo de la web http://www.piensalibre.es/capital-y-trabajo-relaciones-de-explotacion/

Hemos leído ilusionados e ilusionadas la inclusión en el proyecto de Gobierno de Podemos que quieren “Modificar la actual regulación del despido: a) El trabajador tendrá la titularidad de la opción en caso de despido improcedente” (página 33/95). Esta propuesta de devolver la opción por el pago de la indemnización o la readmisión en los despidos improcedentes también aparece en el proyecto de Izquierda Unida de nuevo Estatuto de los Trabajadores y trabajadoras (página 7/16).

La opción por la readmisión o el pago de la indemnización en los despidos sin causa o improcedentes estuvo en manos de los trabajadores y las trabajadoras en la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales en su artículo 35.4 cuando se decía que “La sentencia que imponga la readmisión deberá ser cumplida por eI empresario en sus propios términos, sin que pueda ser sustituida por indemnización en metálico, salvo acuerdo voluntario de las partes o cuando el Magistrado, atendiendo a circunstancias excepcionales apreciadas en el juicio que impidan la normal convivencia laboral, resuelva dejar sin efecto la readmisión mediante el señalamiento de una compensación económica“. Esta situación de la titularidad de la opción no duró más de 11 meses ya que fué matizado por el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo donde su artículo 37 2 y 3 decía que “Cuando el despido sea improcedente, el trabajador tendrá derecho a ser readmitido por el empresario en las mismas condiciones que regían antes de producirse aquél, así como al pago del salario dejado de percibir desde que se produjo el despido hasta que la readmisión tenga lugar. Tres. Si el empresario no procediera a la readmisión en debida forma, el Magistrado de Trabajo sustituirá la obligación de readmitir por el resarcimiento de perjuicios y declarará extinguida la relación laboral; en tal caso, la indemnización complementaria por salarios de tramitación alcanzará hasta la fecha de tal extinción“.

La primera ley denominada “Estatuto de los Trabajadores” la ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores otorgó definitivamente la titularidad de la opción entre readmisión o pago de indemnización al empresariado en el artículo 56 “Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de las siguientes percepciones económicas, que deberán ser fijadas en aquélla“.

La legislación del derecho al trabajo es la expresión de la lucha entre clases, no son normas neutras que regulan esta lucha y cada reforma y regulación es la expresión de una determinada correlación de fuerzas.  Dar la titularidad de la opción entre readmisión o indemnización a los trabajadores y las trabajadoras viene a ser recortar de forma importante la libertad de empresa y la libertad de organización del trabajado del empresariado en favor de trabajadores y trabajadoras, poniendo por encima el derecho al trabajo.

Las dos fuerzas políticas Podemos e IU han incluido esta y otras propuestas en el marco de regulación del trabajo, sin que las mismas hayan salido a la luz. Así, en la propuesta que el PSOE ha enviado al resto de partidos, esta posibilidad no se contempla (no habla del despido), ni siquiera en los puntos resaltados en su reforma del Estatuto. Han sido numerosos los artículos de prensa sobre las diferencias en los programas entre PSOE, PODEMOS, IU, y CIUDADANOS en asuntos como los impuestos, cultura, justicia, modelo de TVE etc etc, pero nada en cuanto a las posibilidades de cambios en la regulaciones del derecho del trabajo. Por poner un ejemplo este artículo de eldiario.es “Cinco puntos que separan al PSOE de la propuesta lanzada por Podemos

La centralidad del trabajo o la antes tan cacareada centralidad del “conflicto capital-trabajo” ha quedado para otros momentos, casi para un recuerdo lejano dentro de la guerra cultural y de la lucha por la hegemonía cultural. Una buena parte de nosotros y nosotras hemos rechazado hablar de ciertos elementos en favor de llegar más lejos convencidos y convencidas de que el cambio en los modelos de trabajo y de la economía supuestamente ha transfigurado las clases sociales.

En cualquier caso, reiteramos nuestra ilusión porque un cambio de gobierno suponga un cambio en la regulación del derecho del trabajo que logre un mayor control de los trabajadores y trabajadoras sobre la regulación al derecho del trabajo quitándoselo al empresariado.

 

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Sobre “medidas urgentes de fomento a la ocupación”

trabajotemporal

Desde hace decenas de años el legislador viene desarmando el principio de la estabilidad en el empleo. La Ley 16/1976 ya decía en su artículo 14 que “El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido, sin más excepciones que las indicadas en el artículo siguiente.”, mientras que en su artículo 15 concretaba que colectivos, durante cuanto tiempo y porque causas se permitía contratos temporales. Así, desde esta normativa se han ido ampliando y consolidando las posibilidades de la contratación temporal.

Una cosa que sorprende es que las motivaciones de las diferentes reformas que se han ido operando en la legislación han sido siempre las mismas. Destaca la motivación de la Ley 10/1994 Sobre “medidas urgentes de fomento a la ocupación” en cuya exposición de motivos se dice expresamente que “La gravedad de la situación económica y su incidencia en el mercado de trabajo concede prioridad a la necesidad de acometer, de manera decidida y urgente, la reforma de las relaciones laborales con el objetivo de luchar contra el paro y potenciar nuestra capacidad generadora de empleo.

El texto de esta exposición de motivos, redactada hace ahora 20 años ya usaba el mantra de que por la “crisis económica” hay que reformar el “sistema de relaciones laborales” para “generar empleo”. Es una constante en el sistema legislativo de relaciones laborales que a golpe de crisis económicas se han ido realizando reformas, siempre con el fin de generar empleo. La exposición de motivos del 94, podría servir para cualquier reforma actual, de hecho, si no se nos citase que es de la ley 10/94 podríamos pensar que forma parte de cualesquiera reformas operadas en los últimos años.

LLevamos 30 años desarmando el sistema de relaciones laborales. Poco o nada se ha intervenido en el sistema productivo siempre profundizándo  y confiando en que los beneficios empresariales (entre otras vias por las exenciones de cotizaciones a la seguridad social, bonificaciones, reducciones de indemnizaciones o eliminación de las mismas etc, etc) servirá para reactivar la contratación de trabajadores y trabajadoras. Los resultados están a la vista, que cada cual saque sus conclusiones.

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Los hombres también tienen hijos y concilian y Telemadrid los tiene que readmitir

Hace no mucho Mónica Oriol, presidenta del Circulo de Empresarios nos regalaba estas bonitas palabras sobre sus preferencias a la hora de contratar trabajadores y trabajadoras: “yo preferiría contratar a una mujer de menos de 25 años o de más de 45” para evitar los embarazos


Esta intervención se entronca en la línea ideológica liberal por la cual algunas personas defiende que el exceso de “protección y derechos” a trabajadores y trabajadoras supone un obstáculo para su inmersión en el mercado laboral. Esta falacia es aun más activa en los casos de protección frente a despidos.

Es completamente falso que exista una prohibición de despido de una madre o un padre o trabajadores/as que hayan optado por medidas de conciliación ya que lo que pide la legislación es que estas personas tienen que ser despedidas con causa. Es decir, exactamente lo que dice el Estatuto en su artículo 55.5 sobre los despidos nulos es que: “Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados“. Es decir, la diferencia con estas personas es que la legislación no permite indemnizar la ruptura contractual y en caso de no existir causa se declara nulo el despido.

Algunos colectivos para atacar las medidas protectoras indican que el exceso de protección a la mujer les impide su acceso normal al mercado. La mentira tiene las patas muy cortas. El propio artículo 55.5.c y el 53.4.c dicen lo mismo: será nulo el despido de “c)  los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo.” Más allá de esto, estos obstáculos que algunos se encargan de denunciar realizando una supuesta defensa de la mujer se solucionan dando iguales derechos a los hombres, no recortándo los de las mujeres como quieren los autodenominados liberales.

Buena cuenta de ello tiene que decir Telemadrid, que aun va peleando los despidos nulos por estas situaciones y que acaba de ser condenada a readmitir a un trabajador despedido después de haber estado en situación de suspensión por paternidad. Era un hombre, si un hombre, porque los hombres también tienen hijos y también concilian.

Sorprende como Telemadrid que es tan laxa en el control del gasto que con cargo a los presupuestos de la Comunidad hacían sus directivos (La Visa de Telemadrid ‘echaba humo’ durante el fin de semana, El consejo de administración de Telemadrid despilfarró 2,3 millones en dietas y gastos de representación, Telemadrid también pagó gastos sin justificar de la Visa personal de Renedo) esté actuando judicialmente de esta forma frente aquellas personas cuyos despidos tienen que tener causa. Que Mónica Oriol mienta impunemente es una cosa pero que Telemdrid, un Ente Público dependiente de la administración autonómica, actué de esta forma es algo que debería generar rechazo social absoluto y consecuentemente un desprecio social.

Como el resto de las trabajadores cuyos despidos hn sido declarados nulos, Telemadrid no cumplirá con su obligación de readmisión. Se convocará un incidente de no readmisión por el cual, el Juzgado que ha declarado la nulidad valorará si se puede o no se puede readmitir y para el caso de imposibilidad de reasdmisión el pago de la indemnización. Todos los derechos tienen su revés y el Ente público Telemadrid busca todos los huecos posibles para no readmitir ni a los despidos nulos. Estamos ante una Administración que para no readmitir a trabajadores y trabajadoras con sentencias firmes de nulidad alega que ha externalizado los trabajos y que tienen contratos mercantiles con terceras empresas.

Necesitamos algo más que una reforma laboral

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Viva las que luchan

Los compañeros y compañeros de RojoyNegro de la CGT, han hecho un excelente documental sobre luchadores y luchadoras de imprescindible visión.

Entre diversas luchas aparecen las de Telemadrid, luchadoras incansables y la Sección de la CGT ha sacado el video de la parte de telemadrid

El video entero es de casi una hora y en estos momento de individualimos exacerbado es un completo vital para que todos y todas continuemos en la lucha

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En Madrid se continuará vulnerándo los derechos de las personas detenidas en comisaria

foto de extraconfidencial.com

En Madrid se produce un escándalo que no es objeto de debate ni de verguenza para el común de las personas. Sabemos que la sociedad no quiere mirar traslos muros de las prisiones y las comisarias, pero hay ciertas cosas en las que mirar para otro lado es formar parte del problema.

Como recuerdan los compañeros de ALA en esta noticia las personas detenidas deberán ser puestas a disposición judicial “sin demora” o “sin dilación”, puesto que la detención preventiva “no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario”. Así, en Madrid esto no ocurre de esta forma ya que el sistema de traslado de los detenidos y las detenidas en la ciudad de Madrid de las Comisarias de distrito no se hace a los juzgados de Plaza de Castilla, sino que van al Complejo Policial de Moratalaz (los detenidos hacen noche en el citado complejo) y de ahí a los juzgados para la puesta a disposición judicial.  Así, no se supera las 72 horas, pero no se cumpleo el artículo 17 de la constitución que establece que el plazo de detención tiene que ser el mínimo imprescindible. El plazo de las 72 horas está establecido como un máximo, pero eso no quita que la puesta a disposición deba ser “sin demora” o “sin dilación”. El Ministerio reconocia que el sistma en Madrid no cumple la legalidad.

Después de la pelea de multiples colectivos durante dos días, del 23 al 25 de octubre de 2.015, a raíz de un Oficio de la Policia Nacional, las personas detenidas fueron trasladadas a los Juzgados de Plaza de Castilla de manera inmediata y a cualquier hora del día o de la noche, cumpliéndose así la legalidad. Pero la situación a durado poco y según denuncia ALA el Oficio 17976 de la Jefatura Superior de Policía de Madrid nos ha vuelto a la situación anterior. Se desconoe si esta vuelta es a petición de l policía o del decanato de los juzgados de penal, pero si es clara la vulneración de la legalidad.

La noticia ha saltado a los medios:  “Las detenciones vuelven a ser irregulares” dicen en el diario El Mundo. Pero no salta a los debates sociales, ni a las tertulias ni a las proclamas de los partidos en estos momentos tan electorales. Mientras el PP cambia la ley del Tribunal Constitucional para que se ejecuten sus sentencias frente a Catalunya, nos encontramos con que en Madrid se incumplen descaradamente sus sentencias.

ALA ha presentado estos escritos al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio del Interior para poner en su conocimiento estas circunstancias y que tomen medidas al respecto y mientras el discurrir social se mantiene tan alejado de la situación de las comisarias y las prisiones, que nadie se escandaliza por estas vulneraciones flagrantes de la Constitución. Perder la capacidad de asombro y de escándalo es uno de los mayores riesgos de la democracia.

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